Universidad Veracruzana: la sucesión

Jaime Fisher

A unas semanas de que la Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana publique la convocatoria para la elección del rector o rectora para los próximos 4 años, han surgido ya muchos más aspirantes de los que podrían ser entrevistados con seriedad por ese órgano colegiado. Este fenómeno no es nuevo. Se repite cada 4 años. Pero son muchos los llamados y pocos los elegidos. No podría ser de otra forma.

No obstante, en las actuales circunstancias conviene destacar las aspiraciones de dos políticos en particular. Me refiero, por un lado, al doctor Roberto Ruiz Saldaña, aún consejero del Instituto Nacional Electoral; y, por otro, al no menos doctor Darío Fabián Hernández González, actual director del Sistema Estatal de Planeación en la Secretaría de Finanzas y Planeación del gobierno del Estado. Es precisamente su dedicación a la política -así sea la política burocrática- lo que llama la atención. El primero ha hecho carrera en el gobierno federal, mientras que el segundo ha preferido quedarse aquí en Veracruz. Llama la atención sobre todo que ninguno de ellos tenga conocimiento de la educación superior y, menos aún, de la problemática de la Universidad Veracruzana, a la que pretenden “servir” como rectores.

Otra característica que comparten es su muy marginal, cuando no simplemente nula, producción académica tanto en docencia como en investigación. Ninguno de ellos es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y uno de ellos incluye en su currículum hasta las cartas de felicitación que en automático se envían cada año a los académicos que (según creemos) no hemos muerto todavía. Hasta el momento de redactar estas líneas ambos cumplen con los requisitos generales establecidos en la Ley Orgánica vigente, aunque faltaría ver los términos particulares en que se dé la publicación de la convocatoria arriba mencionada.

Una característica más, también compartida por ambos, muy delicada y sobre la que me quisiera centrar aquí, consiste en sus vínculos de estrecha subordinación con el gobierno federal, en el caso del Dr. Ruiz Saldaña, y con el gobierno del estado, en el caso del no menos doctor Hernández González. Y es delicada esa característica porque existe la Ley de Autonomía, donde por “autonomía” estamos entendiendo centralmente -en el tema que nos ocupa- la no intervención de autoridad gubernamental alguna en los procesos internos de la Universidad Veracruzana.

Pero es difícil -dijera Alex Lora- que quien “paga” resista la tentación de intervenir sobre las decisiones que ha de tomar ese a quien le “paga”, por muy autónomo que sea o se sienta ser. En el caso de Veracruz el gobernador ya declaró: “Es muy oportuno aclarar que… no me voy a involucrar, ni a entrometer ni a apoyar a ningún candidato o precandidato a la rectoría de la UV… Que lo sepa la Junta de Gobierno… respeto la autonomía de la Universidad Veracruzana… Por primera vez el gobernador del Estado de Veracruz no va a entrometerse en los asuntos de la Universidad Veracruzana”. Eso dijo. Podemos creerlo o no, pues del dicho al hecho se cae la sopa, dicen. Pero supongamos que le creemos y que, además, lo creemos porque el gobernador dijo la verdad. Aún así ¿qué impediría que alguno de sus colaboradores de primer nivel sí interviniera en la elección del rector o rectora?

Además, hay otro que “paga”, a saber, el gobierno federal. Es muy conocida la cercanía del no menos doctor Ruiz Saldaña con altos funcionarios del altiplano, cercanía que tuvo su más claro síntoma en el trabajo sucio que hizo contra el INE por indicaciones de ya saben quién.

Ante este panorama general, muy breve y esquemáticamente planteado aquí, tocará a la Junta de Gobierno, y sólo a la Junta de Gobierno (como bien dijo el gobernador, a quien hemos decidido creerle) respetar y defender la autonomía de la Universidad Veracruzana, atendiendo exclusivamente a la trayectoria dentro de la propia UV, así como a los méritos académicos de cada uno de los aspirantes. Para cumplir con tan importante tarea será imprescindible una redacción precisa y clara de los términos de la convocatoria a publicar, así como un apego irrestricto a las reglas establecidas y a la legislación universitaria vigente. Sé que estos son sólo buenos deseos, pero es preferible tenerlos buenos que malos, los deseos.