Presentación del libro “360 grados: Una visión panorámica de la política científica en México 1985-2019” de la Dra. Brenda Valderrama
El equipo de comunicación digital Voz Universitaria agradece al Dr. Carlos Arámburo de la Hoz el permitirnos publicar su comentario del libro “360 grados: Una visión panorámica de la política científica en México 1985-2019” de la Dra. Brenda Valderrama, en el contexto de su presentación el 4 de mayo de 2022, realizado en el Instituto de Biotecnología de la UNAM en Cuernavaca, Morelos, México.
Muy buenas tardes a todas y todos, me da mucho gusto estar en este evento. Agradezco a la Dra. Brenda Valderrama por su amable invitación para acompañarla en la presentación de su libro.
Se trata de un texto en donde la autora revisa minuciosamente, comenta con conocimiento de causa, y nos invita a reflexionar sobre la evolución de las políticas públicas que se han desarrollado en nuestro país en las últimas décadas, respecto al sector de ciencia, tecnología e innovación.
La información que ha sistematizado cuidadosamente da cuenta, de manera didáctica y orientadora, de la visión y los enfoques que, sobre el desarrollo de dicho sector, han desarrollado diversas administraciones gubernamentales de 1985 hasta la actualidad.
En el texto se refleja un análisis profundo sobre la génesis, evolución, impacto, situación existente y prospectiva de las bases jurídicas, las asignaciones presupuestales, el diseño y la dinámica operacional de diversas instituciones creadas por el Estado mexicano para modelar el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, lo que nos permite entender mejor la situación actual por la que atraviesa éste y nos proporciona herramientas significativas para abordar críticamente las propuestas que hoy se discuten sobre el futuro de dicho sistema nacional de CTI.
Me parece que es este un texto indispensable para todos aquellos que estamos interesados en promover una mayor consolidación y un mejor desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación en México. Lo es también, para las instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, y los centros de investigación, que han asumido el reto de impulsar y fortalecer la generación de conocimiento y la formación de recursos humanos de alto nivel como un eje central de sus actividades. Es relevante, asimismo, para el sector empresarial e industrial, que requiere estimular la innovación en sus procesos productivos y de servicios y por ende vincularse mejor con las áreas académicas. Por supuesto, debe ser un instrumento de gran utilidad para la reflexión y ejercicio de planeación para las autoridades responsables de establecer las condiciones necesarias de desarrollo, a mediano y largo plazo, de una política de Estado sostenible para el sector de CTI.
Si bien se pueden encontrar antecedentes sobre la realización de actividades científicas de manera formal en nuestro país hace más de un siglo, éstas se llevaban a cabo de manera aislada, intermitente y con relativamente poco apoyo y organización institucional. Hubieron de pasar varias décadas para que esta actividad encontrara un mayor cobijo institucional, se profesionalizara y empezara a crecer, principalmente bajo el auspicio de las universidades, algunas dependencias del sector salud y otras pocas estructuras gubernamentales, aunque mayoritariamente se desarrollaba en la Ciudad de México y tenía muy poca presencia en otras regiones del territorio nacional. Sería hasta fines de la década de los 60’s del siglo pasado cuando, como se menciona en el libro, “se reconoció el carácter prioritario que revestía el establecimiento de un sistema nacional en materia de ciencia y tecnología, que coadyuvara al desarrollo del país”. Ello llevó a la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el 23 de diciembre de 1970, en sustitución del Instituto Nacional de la Investigación Científica, ¡hace apenas un poco más de 5 décadas! y con ello se buscó promover, de forma más efectiva, la elaboración de políticas y programas de apoyo a la investigación científica y tecnológica que favorecieran una mayor vinculación con los objetivos nacionales de desarrollo social y económico, mediante la participación amplia de la comunidad científica y la cooperación entre las instituciones de educación superior, las instancias gubernamentales y los usuarios de la investigación. Así pues, la participación del Estado mexicano en la organización estructurada del sector de CTI, con base en el diseño de políticas públicas diferenciadas y específicas, es relativamente reciente, en comparación con la tradición científica de otros países.
Además, como se da cuenta en el texto elaborado por la Dra. Valderrama, el diseño de dichas políticas ha estado sujeto a grandes vaivenes, dependiendo del gobierno en turno, y ha carecido de una visión de largo aliento que permita plantearse metas ambiciosas. De acuerdo a lo expuesto en el libro, la primera ocasión en que el término de actividad científica se ubica en el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos aparece hasta la modificación realizada al artículo 3º de la Carta Magna, el 9 de junio de 1980, en el marco del reconocimiento a la autonomía universitaria. De entonces a la fecha, se han realizado varias modificaciones a dicho artículo, particularmente en sus fracciones V y VII, para establecer la responsabilidad del Estado para apoyar la investigación científica y tecnológica.
Un acierto del libro que hoy comentamos, sin duda se refiere al recorrido puntual del marco jurídico federal que se ha venido construyendo, a partir del mandato constitucional, para reglamentar las obligaciones del Estado respecto al desarrollo del sector de CTI. Así, la autora destaca los aspectos más relevantes de los diversos ordenamientos que se han establecido a lo largo de los años, señalando las áreas de incidencia y orientación para impulsar diversos enfoques, e incluso los retrocesos o contradicciones, de acuerdo a la visión del gobierno en turno. También enfatiza sobre cómo dichas visiones se insertaron en los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y en los Programas de Ciencia y Tecnología.
Da inicio al recuento con la Ley para Coordinar y Promover el Desarrollo Científico y Tecnológico, promulgada en enero de 1985 y que regiría hasta 1999, en la cual se definió el concepto de Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología (SNCyT); identificó las dependencias de la Administración Pública Federal que deberían de participar; creó la Comisión para la Planeación del Desarrollo Tecnológico y Científica; implementó registros para inscribir a las dependencias, instituciones y empresas relacionadas con el sector; y estableció la obligación del gobierno federal de emitir el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico y Científico, a cargo del CONACYT. Asimismo, se adjudicó la subordinación del CONACYT a la Secretaría de Programación y Presupuesto.
Posteriormente, en mayo de 1999 dicha Ley fue abrogada y se sustituyó por la Ley para el Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica, y de manera simultánea se publicó el decreto modificatorio de la Ley que Crea al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que se ubicó al CONACYT en el sector de la Secretaría de Educación Pública (SEP). En esta nueva Ley se reconoció la obligación del Estado de apoyar la investigación científica y tecnológica; se estableció el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECiT) que indicaba destinar recursos en favor de la investigación mediante el presupuesto para las universidades e instituciones de educación superior autónomas, vincular a la investigación con el sector educativo, brindar estímulos fiscales y financieros y facilidades de comercio exterior, así como establecer regímenes de propiedad industrial e intelectual. También dio sustento jurídico a la red de Fondos para Investigación, estableciendo cuatro modalidades, a saber: institucionales, de cooperación internacional, sectoriales y mixtos. Asimismo, se constituyó el Foro Permanente de Ciencia y Tecnología como un órgano de consulta y vinculación; se definieron los principios que regularían la vinculación con el sector productivo para la innovación; se institucionalizó el Sistema Nacional de Investigadores (SNI); y se definieron los lineamientos generales de operación del Sistema de Centros Públicos de Investigación (CPI).
Posteriormente, durante la etapa de transición democrática, en junio de 2002 se aprobó la Ley de Ciencia y Tecnología, aún vigente en la actualidad, en sustitución de la Ley de Fomento de la Investigación Científica y Tecnológica. Esta nueva Ley conservó algunos aspectos de la anterior, pero tuvo varias adiciones: recuperó y amplió el concepto del Sistema Nacional de CTI (que se había derogado en 1999); creó el Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, presidido por el Presidente de la República; estableció las bases de una política de Estado para sustentar al SNCTI y asignar los recursos necesarios para dar cumplimiento a la Ley; abrió la posibilidad de ofrecer estímulos fiscales a empresas que acreditaran haber invertido en proyectos de CTI; creó la Conferencia Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (CNCTI); sustituyó al Foro Permanente de Ciencia y Tecnología por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) como órgano de consulta del Poder Ejecutivo, y amplió la participación de diversas instituciones en su estructura. En general, con esta Ley se fortaleció la gobernanza del SNCTI. Uno de los productos generados de su aplicación inicial fue que se constituyera el Ramo 38 en el Presupuesto de Egresos de la Federación, asignando así recursos directamente al CONACYT, incrementando con ello su capacidad administrativa y de gestión, respecto a lo que ocurría anteriormente. También, en la Ley se refleja la complejidad del sistema de Centros Públicos de Investigación. En concurrencia, en la misma fecha se expidió en el Diario Oficial de la Federación la Ley Orgánica del CONACYT, que sustituyó a la Ley anterior.
A partir de 2002, y hasta la fecha, la Ley de Ciencia y Tecnología se ha modificado en nueve ocasiones, siendo las más importantes las siguientes: se adicionó el artículo 9 Bis que obliga al Estado a invertir al menos el equivalente del 1% del Producto Interno Bruto (PIB) en actividades de investigación científica y tecnológica (mandato por cierto no cumplido aún); el artículo 4.1 estableció la creación del Comité Intersectorial para la Innovación, que tenía por objetivo la elaboración del Programa de Innovación, a fin de establecer lineamientos de operación de fondos específicos para esa temática; mientras que la modificación al artículo 51 estableció lineamientos para regular la vinculación entre instituciones educativas, CPIs y entidades de la APF, con los sectores social y privado, a fin de promover y facilitar los procesos de transferencia de conocimiento y tecnología, preservando los derechos de todos los participantes.
Como se mencionó, la aplicación de las sendas normatividades tuvo un impacto sobre la elaboración de los respectivos Planes Nacionales de Desarrollo y Programas Especiales de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaborados durante los sexenios correspondientes. De ello da cuenta detallada el texto de la Dra. Valderrama, y uno puede observar la forma en que los diversos objetivos han ido cambiando, mostrando avances y retrocesos, enfoques en ocasiones divergentes respecto al rumbo del sector de CTI y su participación en el desarrollo nacional.
Toda esta valiosa información normativa, resumida y sistematizada cuidadosamente en el libro, constituye una referencia indispensable para discutir críticamente y contrastar la propuesta del actual proyecto de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que el CONACYT ha sometido a revisión a la CONAMER y que deberá ser analizado, junto con otras iniciativas alternativas que han sido presentadas por otros actores del sistema CTI, en el ámbito del Congreso de la Unión, en donde los legisladores deberían escuchar y atender las diversas opiniones, preocupaciones y argumentos informados que sobre dicha Ley General tiene la comunidad.
Otro de los aspectos relevantes que se analizan en este libro, es el correspondiente al análisis del presupuesto federal para apoyar las actividades del sector CTI. Aquí, mediante una prosa dinámica auxiliada por gráficos y anexos, se examinan y comparan los recursos (siempre insuficientes) que el Estado mexicano ha destinado para la realización y cumplimiento de los respectivos PECiTIs. En particular, en las últimas 2 décadas, a partir de la existencia del Ramo 38, es posible contrastar las asignaciones que ha ejercido el CONACYT y las que han dispuesto otras dependencias de la administración federal, para constituir el gasto de inversión en el sector. Si bien en términos de pesos corrientes se ha observado un crecimiento gradual, en realidad en términos de pesos constantes el incremento no ha sido equivalente al que ha mostrado el tamaño, la diversidad y la complejidad de la comunidad CTI en el país, y aunque hubo un aumento entre 2012-2016 en los últimos años se ha notado un decremento constante en la capacidad de poder adquisitivo de dicho presupuesto. El análisis muestra, con claridad, el continuo incumplimiento del mandato de la Ley vigente, que establece que el Estado mexicano destine el equivalente al 1% del PIB para el desarrollo de CTI, con independencia del origen de los gobiernos en turno. Ninguno lo ha cumplido, por lo que sigue siendo una asignatura pendiente.
A continuación, el libro dedica una parte importante a analizar la organización, estructura, funciones, responsabilidades y atribuciones del CONACYT, dentro de las que destacan su papel como órgano asesor del Ejecutivo Federal, y otras instancias, en temas científicos y tecnológicos; su tarea para fomentar la investigación básica, tecnológica y aplicada, mediante la canalización de recursos a las instituciones que realizan estas funciones; su compromiso para formular programas indicativos de investigación y de formación de recursos humanos para el sector; además de proveer servicios de información sobre el sistema nacional de CTI y realizar actividades coordinadas para promover el intercambio y los convenios de colaboración con instancias internacionales en aspectos de CTI. Aquí, la Dra. Valderrama nos ilustra sobre las transformaciones que se han llevado a cabo en el CONACYT: la evolución y cambios de los principales programas que ha promovido a lo largo de los años; su interacción compleja con el sistema de Centros Públicos de Investigación; las dificultades para el desarrollo de las convocatorias para promover la investigación en ciencia básica, hasta la aparición de las convocatorias de ciencia de frontera y los más recientes Proyectos Nacionales Estratégicos (PRONACEs); los vaivenes en el programa de becas de posgrado y de posdoctorales; las diversas etapas por las que ha pasado el Sistema Nacional de Investigadores, así como sus problemáticas e impactos en el desarrollo del sector; las vicisitudes de Programa de Cátedras CONACYT; los altibajos para el financiamiento del programa de fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica del país, incluyendo el programa de Laboratorios Nacionales; el origen, desarrollo, modificación y declinación de diversos programas para apoyar la innovación y la vinculación con el sector industrial y el otorgamiento de estímulos complementarios a empresas de diversas magnitudes y alcances. También analiza el desempeño de los Fondos Sectoriales y de los Fondos Mixtos constituidos con las diversas entidades federativas, y su contribución al desarrollo regional. Asimismo, comenta sobre los apoyos otorgados a través de fondos institucionales y la relevancia de los fideicomisos establecidos en ellos, que permitían subsanar diversas necesidades, particularmente de los CPIs, y programar proyectos con un horizonte multianual.
Desafortunadamente, como sabemos, en la administración actual desaparecieron dichos fideicomisos por decreto presidencial. El conocimiento detallado de toda esta información, permite poner en perspectiva el papel que el CONACYT ha desempeñado a lo largo de medio siglo y el impacto que ha tenido sobre el desarrollo del sector CTI en México. También proporciona elementos para juzgar, con objetividad crítica, los cambios recientes que se han venido dando en esa institución en los últimos años y su relación con la comunidad.
Para concluir, en los capítulos finales, la Dra. Valderrama nos comparte sus reflexiones y opinión sobre los alcances y resultados de las políticas científicas en México en las décadas que abarca su análisis. Para ello, nos brinda una serie de indicadores, reconocidos internacionalmente, en donde se ubica el lugar que ocupa nuestro país en relación con otras naciones. Sin duda, resulta un ejercicio interesante que nos muestra la realidad en que se ubica nuestro sector de CTI.
En resumen, como mencioné al principio, este libro constituye un texto indispensable para entender mejor la evolución del sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país en las últimas décadas. Es una pieza constituida por información formal, constatable y objetiva que nos da cuenta del origen y desarrollo de las políticas públicas que se han generado en México, que nos ayudan a explicar cómo llegamos al momento actual. Diría, en breve, que con este libro tenemos la oportunidad de conocer el pasado, para entender mejor el presente, y contar con mayores elementos para contribuir a formular el futuro de este sector, imprescindible y vital, para el fortalecimiento de nuestro país.
Ojalá que los miembros de la comunidad CTI, las autoridades responsables de diversas instituciones relacionadas con esta temática, y los legisladores que pronto deberán discutir la propuesta de Ley General en CTI que mandata la Constitución -pendiente desde 2019- tengan a bien leer este libro, para alzar la vista y generar un marco normativo que le de a nuestro país un horizonte de largo aliento y políticas de desarrollo que permitan, finalmente, la consolidación, crecimiento y desarrollo que México requiere, a través del impulso a las actividades de educación superior, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.
Mi agradecimiento y felicitación a la Dra. Brenda Valderrama por este magnífico esfuerzo de sistematización, análisis y divulgación de información valiosa sobre el sector CTI.
Referencia para citar:
Arámburo,C. (7 de Mayo de 2022). Presentación del libro “360 grados: Una visión panorámica de la política científica en México 1985-2019” de la Dra. Brenda Valderrama.
Obtenido de Revista Digital Voz Universitaria:
https://vozuniversitaria.org.mx/participacion-del-dr-carlos-aramburo-de-la-hoz-en-la-presentacion-del-libro-360-grados-una-vision-panoramica-de-la-politica-cientifica-en-mexico-1985-2019-de-la-dra-brenda-valderrama
