La decisión de Banxico

Alejandro Castillo Morales
Analista Económico

Como se anticipó a partir de la decisión de la Reserva Federal del 16 de septiembre, de Incrementar sus tasas de referencia de 3.75 a 4.00%, y la del Banco de México del 24 de septiembre, de mantener su Tasa de Interés Interbancaria a un día en 6.50%, se generó un intercambio de opiniones, acerca de cuál debería ser la siguiente decisión de Banxico. Más, después de que se informó que la inflación en Estados Unidos se aceleró a 3.7% anual en septiembre.

En el número anterior, se señaló la posibilidad de que México aprovechara la coyuntura propiciada por la Reserva Federal, de aumentar su tasa de referencia y propiciar una apreciación del dólar, para iniciar un proceso ordenado de depreciación, que requeriría compromisos con los sectores productivos y las organizaciones sociales, con el propósito de construir una economía competitiva, con una estabilidad que no dependa de un peso sobrevaluado que erosiona la producción local, frena las inversiones y limita el desarrollo nacional.

Parte de las opiniones que se pudieron escuchar, ponían énfasis en el temor que podría tener el hecho de que el Banco de México decidiera no sólo no incrementar su tasa de referencia, sino aprobar una reducción más, a 6.00%. En su opinión, como sucedió reiteradamente en el pasado, eso podría propiciar un aumento de la inflación y posiblemente una salida de capitales.

El hecho es que no debemos seguir ese juego de mantener la sobrevaluación con altas tasas de interés para lograr la estabilidad, política que ha costado mucho a México porque abarata las importaciones, que pagamos, y encarece y desplaza la producción nacional. El riesgo de una mayor inflación se podría superar sin afectar las transferencias de orden social, evitando el desvío de recursos, mejorando la eficiencia de los servicios básicos, concentrando las posibilidades de inversión en objetivos que brinden resultados efectivos y estableciendo acuerdos y compromisos con los sectores, y proporcionando seguridad en el campo, el comercio, el almacenamiento y el transporte. Son medidas que están al alcance de la administración gubernamental.

Por otra parte, no debemos suponer que ya se había logrado la estabilidad de precios. No está de más recordar que la inflación ha mostrado una gran resistencia para llegar al nivel de 3.0%, sobre todo porque el componente subyacente, que es el que registra menos volatilidad, no ha disminuido con la velocidad esperada. Y si no se mejora la eficiencia, posiblemente repunte. A eso se agrega que el componente no subyacente de la inflación, por su volatilidad, en los meses recientes ha influido para el alza. Cabe recordar que después de alcanzar el nivel de 3.12% en julio, en agosto fue de 3.26% y en septiembre 3.45%.

Por lo que respecta al impacto de una depreciación en las inversiones financieras, sí puede haber efectos provocados por aquéllos que quieran obtener altas tasas en otros mercados, como podría ser el estadounidense. También podría generar ruido la presión del gasto programado, respecto de los ingresos. No obstante, eso se podría compensar con la reducción por el pago de intereses y una mayor captación por una recuperación de la actividad económica.

Además se pueden mencionar algunos elementos que podrían ayudar a mantener mejores condiciones financieras, en comparación con otros períodos de inestabilidad. Por ejemplo, el monto que administran las Afores, que suma casi $10 billones de pesos, si bien dejan mucho que desear en el pago de las pensiones, son en cambio un instrumento que facilita la administración de la deuda pública interna.

A lo anterior se agrega el hecho, por lo que se refiere a la deuda pública, que en 2004, aprovechando los excedentes petroleros, se logró modificar su composición. La deuda que mayoritariamente estaba contratada en moneda extranjera, se transfirió a pesos. Se podría decir que de deuda externa se pasó a deuda interna. Gracias a esa decisión, de los $18.3 billones de pesos que representó la deuda pública en julio de este año, 77.2% del total se encuentra en pesos y sólo 22.7% se encuentra en divisas externas.

En esa línea, es importante señalar que, de acuerdo con el Banco de México, la inversión internacional total a junio de 2026, sumó $1.6 billones de dólares, pero de ese monto, 55.3% es inversión directa, misma que se podría beneficiar de una posición más competitiva de México y posiblemente no presione. La parte que sí podría resentir una posible depreciación y reducción de tasas, la inversión de cartera, representa 35.6% de la inversión externa total; lo mismo podría pasar con la inversión en derivados financieros, 1.5%, y otra inversión, 7.6%.

En contraparte, el Banco de México informa que hay activos de mexicanos en el exterior por $985.0 mil millones de dólares. De ese total, 38.7% está en inversión directa, 16.0% en cartera, 2.0% en derivados financieros y 15.8% en otra inversión, y es posible que encuentren atractivo para invertir en activos en nuestro país. El 27.2% restante en realidad son los recursos que se tienen como activos de reserva en el Banco de México y es un monto muy significativo.

Esto es, si se sostuviera un esfuerzo por crear la nueva institucionalidad, que propicie la seguridad, evite el desvío de recursos y siga una estrategia de frenar la inflación con acuerdos y compromisos, con el propósito de reducir la sobrevaluación que registra el peso, probablemente 55.3% de la inversión internacional en el país lo agradecería, igual que los productores nacionales. Y se atraería más.

Finalmente, aunque no se tiene manera de verificarlo, existen versiones de que las políticas antiinmigrantes de Trump propiciaron la salida de Estados Unidos de miles de científicos y profesionistas mexicanos que regresarían al país y podrían encontrar un ambiente favorable para trabajar y asimilar procesos y tecnologías para fortalecer a la economía nacional.