Tlahuelilpan: más allá de “ver la barca abierta y aprovecharse”

Erick Galán Castro*

No es infrecuente que nuestro país se vea interpelado por la tragedia para discutir públicamente la labor del Estado mexicano en la defensa de Derechos Humanos, o en el cumplimiento de sus atribuciones como garante de seguridad a sus ciudadanos. Sólo por citar ejemplos recientes, casos como los de la masacre de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, o los casos expuestos persistentemente por los diversos colectivos de familiares de desaparecidos que existen a nivel nacional. Estos eventos, por su brutalidad y su impacto moral, han permitido mantener una agenda crítica ante la acción estatal en México para castigar el crimen, impartir justicia y resarcir daños generados en el marco de un aumento desmedido de violencia.

El caso de la explosión e incendio generado el 18 de enero en la comunidad de San Primitivo, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, es excepcional por varias razones. Enumeraré algunas.

1)Es la primera ocasión en los últimos años en que el centro de la discusión luego del desastre no solamente se encuentra en la respuesta estatal ante el mismo, o en la participación de grupos de delincuencia organizada. El caso ha puesto en el centro de la discusión la responsabilidad de los propios damnificados dentro del desastre mismo, y las implicaciones jurídicas y morales de un eventual apoyo para los deudos de los mismos. ¿Son víctimas? ¿De quién son víctimas? ¿Hasta dónde pudo el ejército actuar para evitar el desastre y, a pesar de ello, la sola acción estatal pudo haber evitado más muertes?

2)En ese sentido, la opinión pública parece dividirse en dos bandos: los que, criticando la acción gubernamental, defienden el reclamo de los familiares de las personas fallecidas de apoyos luego del desastre; y los que, defendiendo al gobierno federal, cuestionan dicho reclamo al atribuir a los damnificados valoraciones negativas, participando de actividades ilegales como el huachicoleo. Así pues, vemos en estas posiciones extremas aspectos preocupantes dentro de la discusión pública: tanto el lucro político del desastre por parte de la reacción opositora al obradorismo, como una total falta de empatía por sujetos que, por más que hayan cometido actos ilícitos, estában inmersos en una trama social donde tuvieron relaciones familiares, de amistad, de comunidad. En ese sentido, la tragedia evidencia también el bajo nivel de discusión pública de algunos sectores de opinión pública.

3)La tragedia se ve inmersa en una estrategia del gobierno federal por combatir el robo de combustibles, y en ese sentido, podríamos decir que será, tal vez, uno de los eventos traumáticos que pondrá a prueba la estrategia de seguridad y de combate a la corrupción de AMLO, como en su momento lo fueron la muerte de Juan Francisco Sicilia en el sexenio de Felipe Calderón, o la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa de Enrique Peña Nieto. En la medida que López Obrador pueda mostrar capacidad política y voluntad de diálogo para hacer frente a la tragedia, estará fundado su balance final de gobierno.

Jeffrey Alexander menciona que los traumas sociales son eventos tan horribles, tan dolorosos, que marcan profundamente a una colectividad y cambia su identidad de manera irrevocable, redirigiendo incluso su actuar social. ¿Será este evento lo suficientemente doloroso para cuestionarnos todos, ciudadanos y gobierno, sobre nuestro papel en la maquinaria de la corrupción?

*Doctor en Investigación en Ciencias Sociales por FLACSO

Mail: erick.galan@conacyt.mx

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