En el mismo saco

*Erick Galán Castro

En su columna más reciente, John Ackerman vuelve a hacer gala de su fina personalidad al reaccionar contra Javier Sicilia, Jorge Ramos y Julián LeBarón. Desacredita su posicionamiento ciudadano, y los ubica como “anti-gubernamentales”, al insistir en ubicar al presidente dentro de la misma categoría de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, en cuanto a su estrategia para combatir la inseguridad. Dice, subiendo el tono de la autoridad intelectual que hace tiempo que ya no posee, que cuando las instituciones de seguridad reciben órdenes de un gobierno que tiene el objetivo central de mejorar el bienestar del pueblo y fortalecer las instituciones públicas, todo aparece diferente a lo que sucedió con las estrategias de seguridad anteriores. Básicamente, vende el discurso que de manera sistemática ha vendido López Obrador: cuando el presidente es otro, la política estatal es otra.

Más allá de la falacia voluntarista que esta afirmación supone, creo que es importante discutir el por qué sí el gobierno actual puede estar en el mismo saco que los anteriores, para lograr que salga del bache y acepte el reto de transformar la relación entre ciudadanos y Estado. Michel Foucault, hace ya algunos años, utilizó el concepto de seguridad para ampliarlo más allá de una acepción acotada a las políticas de combate al crimen. Para este pensador francés, la seguridad es una forma de relación entre gobernantes y gobernados donde se construyen mecanismos legales, políticas públicas, polígonos de atención, criterios técnicos para definir poblaciones prioritarias para la atención estatal, y todo ello para garantizar que, a pesar de la existencia de la escasez (de condiciones de vida aceptables, de recursos naturales, de recursos financieros…), dicho problema está en manos del gobierno.

Las políticas desarrolladas por Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto partieron precisamente de este principio: “hay una guerra contra los criminales, pero el Estado les hará frente con todo el poder de sus atribuciones para tu seguridad”. No solo se implementaron nuevas leyes y planes de política de seguridad a partir del fortalecimiento de las policías (equipamiento de la Policía Federal, creación de la Gendarmería Nacional, utilización de las fuerzas armadas de seguridad nacional para el combate al crimen), sino también otros mecanismos de participación ciudadana como los Consejos Consultivos de Seguridad Pública, mesas de seguimiento de casos de victimización y la emergencia de los mecanismos institucionales como la CEAV y sus contrapartes estatales.

 Actualmente, la estrategia de seguridad de la 4T no difiere, por lo menos en lo que toca a los objetivos de esa definición foucaultiana de seguridad. Aunque aparentemente se propuso “atender las causas sociales de la inseguridad”, el enfoque de fortalecimiento a las instituciones y de generación de bienestar expresado en la puesta en marcha de una Guardia Nacional, en la desaparición de la Policía Federal, en la implementación de programas de creación de oportunidades laborales a jóvenes como Jóvenes Construyendo el Futuro y otros más, olvidan el centro de lo que, por lo menos, Javier Sicilia demandaba al gobierno de Calderón en 2011 a través del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: la impartición de justicia.

 ¿Cuántas veces se ha propuesto AMLO dar solución concreta a las injusticias del pasado? Si bien, han existido actos de ofrecimiento de disculpas públicas por parte del gobierno sobre casos específicos como la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, ¿Cómo se le devuelve a esas familias la garantía de que son cosas que nunca volverán a pasar? ¿Con abrazos y con balazos?

 Si lo que Ackerman dice sobre el gobierno actual, en el sentido de que no puede compararse lo que ha hecho el presidente en torno al problema de la inseguridad es cierto, entonces el mismo presidente debería dar oportunidad de diálogo al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad más allá de dejar que sus plumas amigas deslegitimen la movilización de estos actores. Que los mecanismos institucionales de atención a víctimas logren dejar de ser sólo un espacio de contención del descontento y realmente reconstruyan la dignidad de los familiares de las y los desaparecidos. Que hagan lo posible para mirar de frente a los familiares de los músicos asesinados en Chilapa, Guerrero en días pasados, para que puedan regresar dignamente –hasta donde su dolor y su pérdida se los permita- a vivir su vida. Que los conflictos por los megaproyectos dejen de sembrar muerte, como la de Samir Flores el año pasado.

Que sea la justicia la que guíe las políticas estatales, no la seguridad.

*Catedrático CONACyT. Twitter: @ErickGalanC

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