Claves estratégicas para la transición agroecológica en Morelos

Raúl Abraham López Martínez

Profesor-Investigador en El Colegio de Morelos
Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria

El 8 de mayo de 2025, durante la inauguración del Primer Encuentro Morelos en Transición Agroecológica, realizado en las instalaciones de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, declaró con firmeza: “Queremos que Morelos sea el primer estado agroecológico del país y no se trata sólo de modificar los métodos de cultivo, sino de transformar nuestra relación con la tierra y con quienes la trabajan cada día con amor y compromiso. A ellas y ellos les decimos: cuentan con todo nuestro respaldo”.

Este anuncio no es menor. Más allá de su carga simbólica, representa una apuesta política y cultural de fondo, que sitúa a Morelos como posible referente nacional en la construcción de un modelo de desarrollo rural con justicia social, respeto ambiental y arraigo territorial. Asumir esta visión con seriedad —como lo plantea la gobernadora— exige ir más allá del discurso: articular capacidades institucionales, sostener una voluntad pública transformadora y colocar en el centro a quienes cultivan la vida todos los días desde sus parcelas y comunidades.

Por ello, en este artículo se proponen cinco claves estratégicas que pueden fortalecer esta transición agroecológica en el estado. Las claves se derivan del diálogo con experiencias territoriales, de la reflexión académica y de una convicción compartida: la agroecología no es solo una técnica, sino una vía para reconstruir vínculos entre el saber, el poder y la tierra.

Clave 1: Voluntad política y marco normativo con visión territorial

La transición agroecológica en Morelos no parte de cero. Además del liderazgo político expresado públicamente por la gobernadora Margarita González Saravia, el gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ha trabajado activamente en los últimos años para adecuar un marco constitucional que coloca como prioridad nacional el enfoque agroecológico, vinculado a la soberanía alimentaria, la justicia ambiental y los derechos de los pueblos originarios.

En este marco, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2024 modificó el artículo 2º constitucional para reconocer expresamente el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a: “Fomentar la agroecología, los cultivos tradicionales, en especial el sistema milpa, las semillas nativas, los recursos agroalimentarios y el uso óptimo de la tierra, libres del uso de sustancias peligrosas y productos químicos tóxicos.”

Asimismo, esta fracción mandata al Estado a priorizar la protección de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y su manejo agroecológico, promoviendo tanto el conocimiento tradicional como la investigación científica y humanística. Este marco legal —resultado de los avances impulsados desde la 4T— no solo legitima la apuesta agroecológica del gobierno estatal, sino que la convierte en una política exigible y vinculante que debe asumirse de manera transversal por las distintas dependencias.

A este marco se suma la reforma al artículo 4º constitucional, publicada el 17 de marzo de 2025, donde se establece que toda persona tiene derecho a una alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado deberá garantizarlo protegiendo al maíz como elemento de identidad nacional y alimento básico del pueblo de México. La reforma limita el uso de maíz genéticamente modificado en el territorio nacional, al establecer que su cultivo debe quedar libre de modificaciones genéticas que representen una amenaza a la bioseguridad, la salud o el patrimonio biocultural. Asimismo, prioriza su manejo agroecológico y mandata la promoción de la biodiversidad, la soberanía alimentaria y la investigación científica y tradicional. Esta disposición eleva la agroecología al rango de principio rector para garantizar la alimentación y proteger el patrimonio biocultural del país, consolidando el fundamento normativo de una política agroecológica con perspectiva de derechos.

En cuanto al ámbito estatal, el Plan Estatal de Desarrollo “El Plan que nos Une Morelos” 2025–2030 establece entre sus líneas prioritarias la implementación del programa “Morelos agroecológico”, cuyo objetivo es fomentar prácticas agroecológicas sostenibles como vía hacia la autosuficiencia alimentaria del país. Esta estrategia está contenida en el Objetivo Estratégico 2.4, orientado al desarrollo rural sustentable, y forma parte del bloque estructural del nuevo modelo de política pública para el campo en el estado.

En este contexto, la voluntad política debe traducirse en acciones concretas de políticas públicas que den lugar a una política agroecológica con horizonte inmediato, de mediano y largo plazo, mediante la asignación presupuestal específica, la creación de mecanismos de evaluación y la articulación intergubernamental. Solo de esta forma será posible sostener una transformación estructural del campo morelense que responda a las demandas territoriales y a los compromisos constitucionales que hoy respaldan esta agenda, y no se reduzca a un anuncio simbólico.

Clave 2: Construcción de redes interinstitucionales e intersectoriales

Una transición agroecológica de fondo, como la que se ha comprometido a impulsar la gobernadora del estado de Morelos, requiere de la construcción de redes interinstitucionales e intersectoriales sólidas, capaces de movilizar recursos, conocimientos y capacidades a lo largo de distintas escalas del territorio, desde lo local hasta lo estatal.

La agroecología, entendida como una estrategia de transformación integral del modelo de producción y relación con la tierra, involucra no sólo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, sino también a la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Salud, y organismos técnicos como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM). Esto implica generar mecanismos de coordinación horizontales y permanentes, con objetivos compartidos, asignaciones presupuestales convergentes y esquemas de evaluación conjunta.

De igual modo, resulta fundamental involucrar activamente a las instituciones de educación superior, tanto de carácter estatal como nacional con presencia en el territorio morelense. En el plano estatal, destacan la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), El Colegio de Morelos, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR), la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UtSEM) y la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), las cuales pueden desempeñar un papel clave en la formación de capacidades, la investigación aplicada y el acompañamiento territorial.

Entre las instituciones nacionales con presencia en el estado, sobresalen el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Tecnológico Nacional de México (TecNM), el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP). Estas instituciones cuentan con infraestructura, personal académico y trayectoria en investigación estratégica para contribuir al diseño y evaluación de políticas públicas agroecológicas con base científica y enfoque territorial.

Morelos tiene hoy la oportunidad de innovar no sólo en lo que hace, sino en cómo se organiza para hacerlo: a través de estructuras públicas de gobernanza agroecológica con legitimidad técnica, articulación funcional entre sectores clave y visión integral de largo plazo.

Clave 3: Impulsar una Ley de Transición Agroecológica para el Estado de Morelos

Para que la transición agroecológica en Morelos trascienda se convierta en una política pública sólida, perdurable y capaz de transformar el modelo agroalimentario del estado, es indispensable contar con un marco jurídico propio. En este sentido, resulta urgente impulsar la elaboración y aprobación de una Ley de Transición Agroecológica para el Estado de Morelos.

Esta ley permitirá establecer el marco legal que dé sustento a la visión expresada por la gobernadora, y articular los esfuerzos que actualmente se realizan desde distintas dependencias y sectores, tanto a nivel municipal, estatal y federal. Una legislación de este tipo deberá definir los principios rectores, los objetivos estratégicos, las competencias institucionales, los mecanismos de financiamiento, así como los instrumentos de política pública necesarios para operar una transición agroecológica territorial, integral y con enfoque de derechos.

Entre sus funciones clave, una ley estatal permitirá:

a) Dotar de certeza normativa y continuidad institucional a los programas y políticas agroecológicas más allá del periodo sexenal.

b) Establecer fondos públicos específicos y criterios de asignación presupuestal con enfoque agroecológico, de justicia ambiental y equidad territorial.

c) Crear un sistema estatal de seguimiento y evaluación que articule indicadores ambientales, sociales, económicos y culturales.

d) Reconocer e incorporar redes de actores institucionales y de la sociedad civil, favoreciendo esquemas de gobernanza colaborativa, con participación de pueblos originarios, comunidades campesinas, universidades, centros de investigación y gobiernos municipales.

La experiencia internacional¹ muestra que la existencia de marcos legales específicos o vinculantes para la agroecología ha sido un factor clave para facilitar la movilización de recursos, la articulación intergubernamental y la apropiación territorial de los procesos de transición agroalimentaria. En Argentina, por ejemplo, la provincia de Santa Fe aprobó en 2018 una Ley de Fomento a la Producción Agroecológica; en Brasil, el gobierno federal implementó el Plan Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PLANAPO) como política pública con respaldo legal; y en Bolivia, la agroecología forma parte de la visión sistémica establecida por la Ley Marco de la Madre Tierra.

En este contexto, una Ley de Transición Agroecológica para el Estado de Morelos permitirá consolidar un marco jurídico coherente con la visión expresada por el gobierno estatal, dar certeza a las políticas públicas en marcha y establecer bases firmes para su permanencia, financiamiento y evaluación. Contar con una legislación de este tipo fortalecerá las capacidades institucionales del estado y abrirá camino para una transición agroalimentaria con justicia socioambiental y arraigo territorial.

Clave 4: Participación activa de los actores en el territorio

La transición agroecológica no puede sostenerse únicamente desde las estructuras gubernamentales. Se requiere del reconocimiento y la participación activa de quienes han mantenido vivas las prácticas agroecológicas y las formas comunitarias de relación con la tierra. Nos referimos a los pueblos originarios, ejidos, comunidades campesinas, colectivos de mujeres rurales, promotores de la soberanía alimentaria, agroecólogos populares y defensoras del maíz y las semillas nativas.

Estos actores no solo poseen saberes técnicos y territoriales, sino que también han sido protagonistas en la defensa del agua, del suelo, de los sistemas tradicionales de cultivo y del patrimonio biocultural. Sus aportes son fundamentales para garantizar que las políticas públicas no se limiten a intervenciones tecnocráticas o aisladas, sino que estén enraizadas en prácticas vivas, con sentido histórico, cultural y ético.

Para lograrlo, es necesario establecer mecanismos de participación vinculante, que vayan más allá de la consulta y permitan a estos actores incidir en el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas agroecológicas. Esto incluye desde asambleas territoriales hasta consejos estatales con representación plural, que articulen la voz de las comunidades con los espacios de decisión institucional.

Además, es clave visibilizar y fortalecer las experiencias ya existentes en el territorio morelense: escuelas campesinas, redes de productores agroecológicos, colectivos de educación ambiental, cooperativas, promotoras de alimentación saludable y guardianes del conocimiento tradicional. Estas experiencias son el punto de partida real de la transición agroecológica, y deben ser tratadas como aliadas estratégicas, no como beneficiarias pasivas.

Por ello, los principios y prácticas que sostienen estas experiencias deben traducirse en el contenido de la Ley de Transición Agroecológica del Estado de Morelos, estableciendo mecanismos concretos que incentiven la co-producción de conocimiento entre una diversidad de actores: instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil, productores agroecológicos, académicos, promotoras territoriales y actores del sector comercial. Diseñar e implementar una política con enfoque territorial conlleva reconocer y articular esta red heterogénea de saberes y prácticas, rompiendo con la lógica verticalista y favoreciendo procesos participativos, colaborativos y contextualizados.

Clave 5: Evaluación pública y permanencia a largo plazo

Para que la transición agroecológica se consolide como política pública —y no se disuelva con los cambios de administración—, es indispensable construir mecanismos de evaluación pública, y permanencia presupuestal y programática a largo plazo.

Esto implica establecer desde ahora un sistema estatal de seguimiento y evaluación de la transición agroecológica, con indicadores ambientales, sociales, económicos y culturales, elaborados de manera participativa. Este sistema debe permitir no solo medir el avance de los programas, sino también retroalimentar la toma de decisiones, corregir desviaciones y fortalecer la legitimidad del proceso ante la sociedad.

Asimismo, debe garantizarse un presupuesto multianual y específico, que evite la dispersión de recursos y asegure la operación de las políticas clave: capacitación, apoyo a la producción, investigación, distribución, acompañamiento técnico, circuitos de comercialización y fortalecimiento organizativo. Sin financiamiento estable y visión de largo plazo, los esfuerzos corren el riesgo de fragmentarse o perder impacto territorial.

Otro componente fundamental es la creación de un órgano estatal con carácter técnico, autonomía operativa y anclaje territorial, que funcione como instancia responsable de articular, coordinar y dar seguimiento a la política agroecológica. Este órgano podría tener forma de consejo, instituto o comisión intersectorial, pero debe contar con legitimidad social, participación plural y capacidad técnica.

Finalmente, se debe prever un proceso de actualización periódica de metas, indicadores y programas, que incorpore aprendizajes del territorio, evaluaciones independientes, propuestas de la sociedad civil y evidencia científica. Solo así será posible construir una política pública viva, capaz de adaptarse al cambio climático, a los conflictos por el agua y la tierra, y a las nuevas condiciones económicas y culturales que enfrenta el campo morelense.

A manera de conclusión

Hablar de una transición agroecológica nos lleva a reconocer un reto de amplia envergadura en donde resulta fundamental impulsar una intensa movilización de recursos y de actores institucionales y sociales, de generar espacios de co-producción de conocimientos, de introducir nuevas formas de producción que irrumpan en un paradigma en crisis de la sociedad industrial, de forjar nuevos acuerdos; la tarea no será fácil, sociológicamente no hay nada más complicado que romper con las inercias sociales; no hay de otra, la convocatoria de la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, es el punto de partida para movilizarnos como sociedad, de construir entre todas y todos un mejor futuro.

Nota al pie

¹ Gobierno de Santa Fe. Ley N.º 13.740 de Fomento a la Producción Agroecológica, 2018; Brasil, Presidência da República. Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica – PLANAPO, 2013 y reactivado en 2023; Estado Plurinacional de Bolivia. Ley Marco N.º 300 de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, 2012.