Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: el nuevo escenario

Inicio de la Marcha Nacional por la Paz y la Justicia 5 de Mayo Cuernavaca Morelos. Foto: Raúl Abraham López Martínez

Erick Alfonso Galán Castro*

Hacia el año 2015 presenté mi tesis doctoral, que versó sobre relación existente entre una construcción simbólica y discursiva de la espiritualidad, y la constitución de la identidad y la acción colectiva dentro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD). Para mí, en lo personal, fue un trabajo muy significativo porque me permitió acercarme a la problemática del acceso a la justicia en México, y sobre esa línea he mantenido mis reflexiones hasta la fecha. Para aquel tiempo, el MPJD ya llevaba al menos 3 años de no convocar a alguna caravana (la última fue la que se convocó por diversas ciudades de Estados Unidos para protestar contra el tráfico de armas de aquel país al nuestro), y de alguna manera, el logro de la aprobación de la Ley General de Víctimas, y la discusión y aprobación de leyes estatales en la materia, daba la sensación de que la alianza de organizaciones que constituyó el movimiento se había disuelto.

Además, muchos de los actores visibles del mismo tomaron caminos diferentes: Sicilia se incorporó como funcionario y académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, hasta su renuncia en 2018; Emilio Álvarez Icaza es actualmente senador por una alianza que su iniciativa política, AHORA, hizo con el Partido Acción Nacional; Julián LeBarón hizo un tiempo vínculo con el dirigente del llamado Congreso Nacional Ciudadano, Gilberto Lozano, y actualmente ha vuelto a cobrar notoriedad luego de los asesinatos de 6 de sus familiares en la localidad de Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019; Alejandro Solalinde se ha comprometido políticamente a sostener y apoyar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador; y muchas de las organizaciones y grupos de familiares de desaparecidos que se vincularon localmente al MPJD han pasado por diversas trayectorias: desde mantenerse en movilización a nivel local, poner en tela de juicio las estrategias de acceso a la justicia de los gobiernos federal y estatales, hasta incluso cooperar para darle legitimidad y apoyo a los gobiernos subnacionales –siendo del partido político que sea-.

Durante este transcurso, también, terminó el plazo para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal en México. Concretamente, en 2016. Este proceso ha dejado a los grupos de familiares de desaparecidos con más dudas que certezas. Si bien dicha reforma garantiza aspectos como una mayor participación de los familiares de las víctimas en la investigación y recabado de pruebas, una mayor transparencia en las tareas de investigación de las fiscalías, y la centralidad de la reparación del daño por sobre el castigo al victimario, existen otros puntos que han generado insatisfacción. Ha existido desconfianza en los mecanismos para desestimar procesos legales por fallas en el debido proceso, y no porque la problemática que atiende este recurso legal sea ilegítimo, sino por la falta de capacitación hacia los elementos de corporaciones policiales o de instituciones de seguridad pública para el manejo de pruebas y el seguimiento sistemático de la cadena de custodia.

La nueva convocatoria a la movilización social por parte del MPJD se da en un contexto particular, que no necesariamente es similar al de 2011 y del cual no se pueden esperar los mismos resultados. El gobierno es otro, y aunque no ha logrado frenar el problema de la inseguridad y los altos índices de victimización en nuestro país, ha incorporado medidas como la puesta en operación de la Guardia Nacional y la atención a “las causas sociales de la violencia”. La opinión pública, que en aquel entonces encontró en el MPJD y en otras expresiones críticas emergentes como #YoSoy132 una narrativa alterna y de contrapunto al statu quo, se mantiene dividida entre el apoyo y el rechazo a la llamada 4T. Las instancias de corte autónomo para la defensa de Derechos Humanos, como la CNDH, están siendo cuestionadas por el actual gobierno, buscando su rediseño hacia una defensoría del pueblo sin autonomía gubernamental. Y, finalmente, hay que considerar que algunos de los puntos que sustentaban la movilización de las víctimas en el MPJD se lograron (como la existencia de un marco institucional generado para la atención a las víctimas), pero su existencia no garantizó acceso a la justicia per se.

¿Qué se puede esperar de la próxima Caminata por la Paz convocada por el MPJD para el jueves 23 de enero, luego de casi 9 años de historia y 8 de su última caravana? Lo primero que vislumbro es el recrudecimiento de la deslegitimación de dicho movimiento por parte de las voces de simpatizantes del nuevo gobierno, especialmente por la creciente tendencia en la opinión pública de considerar las voces críticas hacia la 4T como enemigas de AMLO. El ejecutivo tampoco ha mostrado interés en participar del diálogo con Sicilia y sus simpatizantes, y ha mencionado con desdén que le da “flojera” tratar el asunto. Probablemente la apuesta que haya que fortalecer para lograr un impacto tan fuerte como el logrado en 2011 sea la de mostrar que el MPJD efectivamente puede ser un movimiento fundado en la voz de las víctimas en general para reformar y fortalecer las instituciones ya dadas para la atención de víctimas y el acceso a la justicia. Que no se trata de una estéril expresión de rechazo al nuevo gobierno, y que, como en la primera ocasión que partió de la Paloma de la Paz de Cuernavaca hacia la Ciudad de México, el MPJD sea un verdadero asidero moral y espiritual para los que han sufrido dolor a partir de la pérdida de sus familiares o amigos. El MPJD debe situarse en los tiempos, ser consciente de sus logros, y visualizar el nuevo escenario para darle actualidad a los 6 puntos del pacto nacional propuesto por el movimiento el 8 de mayo de 2011.

*Catedrático CONACyT – Universidad Autónoma de Guerrero. Twitter: @erickgalanc

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