México ante el nuevo paradigma de producción y distribución social del conocimiento

Raúl Abraham López Martínez

Profesor-Investigador en El Colegio de Morelos
Director de la Revista Digital Independiente Voz Universitaria

En noviembre del año 2005 publiqué en Rebelión un ensayo titulado “Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina” (https://rebelion.org/consideraciones-en-torno-a-la-distribucion-social-del-conocimiento-una-mirada-desde-mexico-y-america-latina/) en donde en el marco de una crítica a la llamada sociedad del conocimiento, señalé dos de sus características centrales en la fase neoliberal: la privatización y la centralización del conocimiento, “promovido en gran medida por las relaciones de competencia comercial internacional en donde las transnacionales que se articulan con las grandes potencias económicas, políticas y militares, son quienes gozan de mayores ventajas competitivas al momento de disputarse el mercado de consumo mundial” (López Martínez, 2005).

En el apartado de conclusiones del ensayo que me encuentro citando, destaco a manera de una de las principales propuestas para hacer frente a este escenario de privatización y centralización del conocimiento, el impulsar un proceso de distribución social del conocimiento “en donde gobiernos de izquierda y la sociedad civil tienen que asumir un rol activo para combatir las nuevas y viejas desigualdades”, tanto de la sociedad industrial y de la sociedad del conocimiento (López Martínez, 2005).

18 años después de la publicación de este ensayo, el día 8 de mayo de 2023, en el Diario Oficial de la Federación del Gobierno de México, fue publicado el decreto mediante el cual se expidió una nueva Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, esta nueva ley que sienta las bases para la nueva política pública en humanidades, ciencia y tecnología fue publicada en pleno contexto del primer gobierno de izquierda en México encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los puntos medulares de esta ley es que reconoce el derecho humano al conocimiento de la ciencia y la tecnología, lo cual despliega conceptual y normativamente, dejando en claro que “Toda persona, de forma individual y colectiva, tiene derecho a participar y acceder al progreso humanístico, científico y tecnológico, así como a gozar de sus beneficios sociales, en los términos de esta Ley, de la demás legislación aplicable, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte.” (Gobierno de México, 2023).

La Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación está estructurada en torno a un conjunto de principios, fines, bases de política pública y sistemas institucionales que articulan una visión renovada del conocimiento como derecho humano, como bien público y como fundamento para el desarrollo nacional. Su contenido normativo despliega con claridad una serie de elementos que apuntan hacia la consolidación de una política de Estado comprometida con la equidad, la inclusión y el bienestar colectivo.

En primer lugar, la ley reconoce explícitamente el derecho humano a la ciencia, estableciendo que toda persona, de manera individual y colectiva, tiene derecho a participar en la generación de conocimiento, a acceder a sus beneficios y a ser parte activa en los procesos de innovación y apropiación social. Este derecho es desarrollado en los apartados de los fines, principios y bases para la formulación de políticas públicas, los cuales exigen del Estado una actuación comprometida con el interés general.

Entre los principios rectores de la ley destacan la equidad de género, la inclusión de comunidades históricamente excluidas, el respeto a la diversidad cultural, la interculturalidad, la independencia científica, la innovación abierta y la solidaridad intergeneracional. Estos principios permiten que la producción del conocimiento no sea vista como una tarea aislada del contexto social, sino como parte de un entramado ético, político y cultural más amplio.

En cuanto a sus fines, la ley establece que el sistema nacional deberá contribuir al desarrollo integral del país, al fortalecimiento de la soberanía científica y tecnológica, a la atención de las problemáticas prioritarias y a la construcción de un futuro sostenible. Se privilegia una perspectiva de justicia epistémica que promueve la colaboración entre disciplinas, sectores sociales y territorios, reconociendo los saberes tradicionales, comunitarios y regionales como parte fundamental del quehacer científico nacional.

La ley crea y regula el Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, concebido como un mecanismo de coordinación interinstitucional y multinivel que articula a los gobiernos federal, estatales y municipales con instituciones académicas, centros públicos de investigación, universidades, organizaciones sociales y comunidades. A través de este sistema se buscará construir agendas estratégicas participativas, definir prioridades nacionales y garantizar la incidencia territorial del conocimiento.

Asimismo, se transforma el CONACYT en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con atribuciones ampliadas y una orientación claramente vinculada al interés público. Este organismo será responsable de articular programas, coordinar esfuerzos interinstitucionales, garantizar el acceso equitativo a becas y apoyos, y promover políticas de investigación con pertinencia social.

Otro componente central es la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos, que agrupa a los institutos de investigación bajo un esquema de colaboración, rendición de cuentas y planeación conjunta. Estos centros deberán alinear sus proyectos a los objetivos de desarrollo nacional y al cumplimiento efectivo de los derechos humanos, priorizando el impacto social, ambiental y cultural del conocimiento.

Finalmente, la ley establece mecanismos de financiamiento público con criterios de justicia, transparencia y orientación social, así como la obligación del Estado de garantizar la sustentabilidad presupuestal del sistema. Se promueve una política de ciencia abierta, acceso libre a la información, y participación ciudadana en la evaluación de las políticas del sector.

En este contexto de impulso a un nuevo paradigma de producción del conocimiento en México, con un enfoque social, territorial y orientado a los sectores históricamente excluidos, un componente institucional clave es la creación de la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (SECIHTI), establecida mediante decreto publicado el 28 de noviembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federación, y cuya entrada en funciones ocurre el 1 de enero de 2025. Esta nueva dependencia forma parte del rediseño estructural del Ejecutivo federal y asume funciones estratégicas que anteriormente se encontraban dispersas, con el objetivo de centralizar, coordinar y dar conducción nacional a las políticas públicas en el ámbito del conocimiento, la investigación y la innovación.

La creación de esta Secretaría implica directamente la transformación del antiguo Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), el cual deja de operar como organismo descentralizado y es sustituido institucionalmente por la SECIHTI, ahora con rango de Secretaría de Estado. Esta transición no es meramente administrativa, sino que marca el paso hacia un modelo institucional en el que la producción y distribución del conocimiento se conciben como instrumentos de justicia social, inclusión epistémica y garantía del derecho humano a la ciencia.

La SECIHTI se constituye como órgano rector del Estado mexicano en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación, con atribuciones específicas en la planeación, promoción, articulación y evaluación de políticas públicas, así como en la coordinación interinstitucional, intersectorial e intergubernamental. Su estructura incluye dos subsecretarías —de Ciencia y Humanidades; y de Desarrollo Tecnológico, Vinculación e Innovación—, además de una Unidad de Políticas Transversales, lo que le permite articular esfuerzos estratégicos con otras secretarías y actores sociales.

Entre sus funciones más relevantes se encuentra la coordinación del Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, la dirección del Sistema Nacional de Centros Públicos de Investigación (que agrupa a 24 instituciones), y la conducción de programas clave como el otorgamiento de becas nacionales, el fortalecimiento de capacidades científicas y la operación del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Además, la Secretaría impulsa la Red ECOS Nacional, un espacio articulador entre los sectores académico, gubernamental, productivo y social, orientado al desarrollo con perspectiva de inclusión, sostenibilidad y justicia territorial.

Con esta reorganización institucional, el Estado mexicano en su fase posneoliberal sustituye al antiguo CONACYT por una Secretaría con facultades reforzadas, lo que consolida un modelo de gobernanza pública en el que el conocimiento deja de estar subordinado a intereses mercantiles y se reconoce su acceso universal y de beneficio social. Esta transformación profundiza el giro hacia una ciencia orientada al interés público, una tecnología con responsabilidad social y una política del conocimiento anclada en los valores de equidad, diversidad epistémica y sostenibilidad.

En suma, esta nueva arquitectura institucional no sólo responde a una lógica de eficacia estatal, sino a una concepción ética, cultural y política del conocimiento, en la cual el Estado asume un papel activo y protagónico para garantizar el acceso universal, la producción social y la apropiación democrática del saber.

Este enfoque del derecho humano al conocimiento, con una perspectiva social, marca un ruptura con el enfoque de la productividad y competitividad que predominó en los gobiernos neoliberales, que solo benefició a unas cuantas empresas en agravio de la mayoría de la sociedad, este cambio de paradigma fue posible gracias a la amplia movilización popular que llevó al poder a Andrés Manuel López Obrador a una mayoría legislativa de izquierda.

En este segundo gobierno, ya en su fase neoliberal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, resulta fundamental no bajar la guardia. Es necesario exigir a las instituciones la implementación efectiva de lo establecido en la ley y en los programas en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación; así como recordar a las universidades públicas su responsabilidad en la garantía del derecho humano a la ciencia y la tecnología, un aspecto determinante que exige dejar atrás las miradas meritocráticas y excluyentes en el acceso al conocimiento.

Diario Oficial de la Federación. (2024, 28 de noviembre). Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en materia de creación de la Secretaría de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5697832&fecha=28/11/2024

Gobierno de México. (2023, 8 de mayo). Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5690076&fecha=08/05/2023

López Martínez, R. A. (2005, 14 de noviembre). Consideraciones en torno a la distribución social del conocimiento, una mirada desde México y América Latina. Rebelión. https://rebelion.org/consideraciones-en-torno-a-la-distribucion-social-del-conocimiento-una-mirada-desde-mexico-y-america-latina/